Ley 37/2011 de 10 de octubre de Medidas de Agilización Procesal. Modificaciones de la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el BOE del pasado día 11 de octubre de 2011 fue publicada la que será la última Lex Omnibus de la legislatura, en éste caso, la ley supone una recopilación de subsanaciones, adaptaciones, correcciones y modificaciones, agrupadas en torno a la idea de “agilización procesal”, que operan sobre los principales “corpus” procesales de nuestro país, dedicando la ley un artículo a cada una de las 3 principales normas procesales (LECrim., LEC y LJCA), junto a la Ley 28/1998 de venta a plazos de bienes muebles , cuyas disposiciones procesales igualmente revisa.

No entraremos en ésta entrada ni a criticar la técnica legislativa empleada (aunque merezca igual rechazo que en anteriores ocasiones), ni a analizar la fría recepción, cuando no rechazo, que la citada ley viene concitando entre los profesionales (por lo que muchas de sus medidas tienen de orientadas a la reducción de la carga de trabajo forense a costa de los derechos procesales de los particulares, y de la administración) sino que nos limitaremos a revisar, estructurando y analizando, las modificaciones que afectan a nuestra Ley Jurisdiccional.

Como introducción, podemos poner de manifiesto la trascendencia de las reformas introducidas por la Ley de Medidas, y la necesaria revisión que la misma introduce respecto a la forma en que las Administraciones Locales suelen afrontar sus pleitos, al desplazar el interés en la defensa de la administración, hacia la búsqueda de soluciones, ya en vía administrativa, ya en la jurisdiccional, que permitan evitar Sentencias condenatorias inútiles.

El art. 3 de la Ley 37/11, recoge a lo largo de 9 apartados la modificación, total o parcial de otros tantos preceptos de la Ley Jurisdiccional:

1º) Ampliación de la competencia material de los Juzgados de lo Contencioso. Art. 8.4. Incorpora a la relación de títulos de competencia de los Juzgados de lo Contencioso, las resoluciones dictadas por las Comunidades Autónomas, en materia de Extranjería, dando carta de naturaleza, en el plano procesal, a la posibilidad, habilitada por el Reglamento de Extranjería aprobado por RD 1162/2009, de la asunción autonómica de competencias en ésta materia.

2º) Ampliación de los supuestos de foro territorial electivo. Art. 14.1.2ª. Amplía el ámbito material del foro territorial electivo, incorporando la responsabilidad patrimonial a la tradicional relación de materias (personal, propiedades especiales y sanciones), en que se reconoce al demandante la posibilidad de optar entre el Juzgado o Tribunal en cuya circunscripción tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor.

3º) Supresión del trámite de proposición de medios de prueba. Art. 60.1,2 y 4. Introduce una modificación relevante en el desarrollo del procedimiento ordinario, al exigir que la proposición de medios de prueba, y ya no sólo la solicitud del recibimiento del pleito a prueba, se incorpore como ésta última, mediante otrosí a los escritos de demanda, contestación o alegaciones complementarias. Extiende a la proposición de medios de prueba concretos, la finalidad del plazo de 5 días desde el traslado, recogido en el apartado 2 del artículo a favor del actor, ante la alegación de nuevos hechos en la contestación. En lógica con lo anterior. El apartado 4º, suprime la mención al plazo de quince días para proponer medios de prueba, contemplado en la redacción original.

4º) Procedimiento abreviado. Ampliación de la cuantía límite y modalidad “rápida”. Art. 78.1 y 3. Nueva modificación relevante, en éste caso, en relación al procedimiento abreviado. Por un lado, se incrementa la cuantía máxima de los asuntos de que se conocerá mediante éste trámite hasta los 30.000 € (78.1), pero la modificación que parece más relevante en éste apartado 4º es la introducción (78.3) de un procedimiento abreviado “rápido”, conforme al cual, si así se solicita por el actor, por entender innecesaria la práctica de prueba, se dará traslado a la administración demandada, por plazo de 20 días, para contestar mediante escrito, pudiendo ésta solicitar la continuación del procedimiento por su trámite ordinario, dentro de los primeros diez días del plazo conferido. De lo contrario, contestada la demanda, quedarán concluso el pleito, sin más trámite, para Sentencia, sopena del ejercicio por parte del juez de las facultades  que le reconoce el art. 61, en relación a la práctica de oficio de nuevas pruebas.

5º-8º) Elevación límite inferior para recursos de apelación y casación.

Art. 81.1.a). Eleva a 30.000 euros, el límite de cuantía mínima para permitir el recurso de apelación.

Art. 86.2.b). Eleva hasta los 600.000 euros, el límite de cuantía mínima del recurso de casación.

Art. 96.3 y 99.2. Eleva, nuevamente, hasta los 30.000 euros, el límite previsto respecto al recurso de casación para la unificación de doctrina, tanto en el ordinario, ante el Tribunal Supremo, como en el previsto ante la Sección especial de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

9º) Régimen de comunicación de la Sentencia a efectos de su ejecución. Art. 104. Sustituye, a los efectos del inicio del cómputo del plazo de dos meses dispuesto para la ejecución de la sentencia, la mención al momento en que sea “acusado recibo” de la comunicación de la Sentencia remitida a la Administración por el Secretario, por el momento en que dicha comunicación sea “recibida” por la Administración.

10º) Modificación régimen medidas cautelares “inaudita parte”. Art. 135. Se modifica el trámite de adopción cautelarísima de medidas “inaudita parte”. Por un lado, elimina el automatismo de la adopción de las medidas, atribuyendo al auto previo un doble contenido posible, pues mediante éste se podrá no apreciar la concurrencia de las circunstancias de urgencia y continuar el trámite por el procedimiento ordinario de medidas cautelares, o proceder a la adopción cautelarísima de la medida solicitada. Una vez acordada permite sustituir la audiencia prevista en la redacción original por un trámite escrito de alegaciones, por plazo de 3 días.

11º) Costas. Art. 139.1. Introduce el criterio del vencimiento en primera instancia, en caso de estimación o desestimación de la totalidad de pretensiones ejercitadas, dejando como subsidiario el criterio de la mala fe o sostenimiento temerario, para el caso de la estimación parcial.

 Como podemos ver, quizás estemos ante una de las más profundas reformas de la LJCA desde su aprobación en el año 1998. Esta reforma, que estará en vigor el próximo 31 de octubre, afectará a la totalidad de procedimientos contenciosos, con la única excepción (D.T.2ª) de aquellos procedimientos que se hallen en trámite en el momento de su entrada en vigor, y hasta el fin de la instancia en que se hallen (por tanto la eventual apelación, por ejemplo, se sustanciará conforme a las nuevas normas).

(TEXTO LEGAL EXTRAIDO DEL BOE)

Artículo tercero. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en los siguientes términos:

Uno. El apartado 4 del artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:

«4. Conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.»

Dos. El apartado 1, regla segunda, del artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:

«Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones será competente, a elección del demandante, el juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección a que se refiere esta regla segunda se entenderá limitada a la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.».

Tres. Los apartados 1, 2 y 4 del artículo 60 quedan redactados en los siguientes términos:

«1. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan.

2. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 56.»

«4. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.»

Cuatro. Se da una nueva redacción al apartado 1 y se añade un tercer párrafo al apartado 3, del artículo 78, que quedan redactados como sigue:

«1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.»

«3. (…) No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Secretario judicial dará traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del artículo 54. Las partes demandadas podrán, dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, solicitar la celebración de la vista. En dicho caso el Secretario judicial citará a las partes al acto conforme a lo previsto en el párrafo anterior. En caso contrario, el Secretario judicial procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito sin más trámite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.»

Cinco. El apartado 1.a) del artículo 81 queda redactado en los siguientes términos:

«a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.»

Seis. El apartado 2.b) del artículo 86 queda redactado en los siguientes términos:

«b) Las recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 600.000 euros, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso procederá el recurso cualquiera que sea la cuantía del asunto litigioso.»

Siete. El apartado 3 del artículo 96 queda redactado en los siguientes términos:

«3. Sólo serán susceptibles de recurso de casación para la unificación de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casación con arreglo a lo establecido en la letra b) del artículo 86.2, siempre que la cuantía litigiosa sea superior a 30.000 euros.»

Ocho. El apartado 2 del artículo 99 queda redactado en los siguientes términos:

«2. Este recurso únicamente procederá contra sentencias que no sean susceptibles de recurso de casación o de recurso de casación para la unificación de doctrina por aplicación exclusiva de lo previsto en el artículo 86.4 y cuando la cuantía litigiosa supere los 30.000 euros.»

Nueve. El artículo 104 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 104.

1. Luego que sea firme una sentencia, el Secretario judicial lo comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

3. Atendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, ésta podrá fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.»

Diez. El artículo 135 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 135.

1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto:

a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme a las reglas generales.

En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63.

b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo.

2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este artículo.»

Once. Se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 139, que queda redactado en los siguientes términos:


«1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.»

Acerca de José Miguel Porras Cerezo

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